El proyecto del Gobierno es un avance al expandir las industrias que pagarán el tributo, pero sólo afecta a las fuentes fijas.

Cuando el gobierno trata de salvar su proyecto de Modernización Tributaria, que arriesga ser rechazado por la oposición en la Comisión de Hacienda de la Cámara, ha puesto sobre la mesa un tema que puede ser popular a nivel ciudadano: elevar los impuestos llamados verdes o que buscan que quien contamine, pague.

Pese a que no es relevante su recaudación Unos US$40 millones al año, según el informe financiero, frente a los US$800 millones que reduce la reintegración) y a que la oposición no los considera una compensación, el Ejecutivo apuesta a que estos impuestos sean “más verdes”. Y de llegar a la discusión en particular del proyecto, se podrían perfeccionar para hacerlos más efectivos.

“Para cumplir el compromiso que se adoptó en el Acuerdo de París (acuerdo global contra el cambio climático firmado en 2016), hay que subir el impuesto al dióxido de carbono (CO2) y expandir el número de fuentes a las cuales ese impuesto afecta”, dice Juan Pablo Montero, doctor del MIT y profesor de Economía de la UC. Esto, agrega, debe ir acompañado de un alza en los tributos a las fuentes móviles, en especial, las que usan diésel”.

El proyecto gubernamental avanza en dos de esos tres elementos: Amplía el número de fuentes a las que se cobra el impuesto y sube los US$5 que se cobran por tonelada de CO2 emitida.

 

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