Problemas administrativos y conflictos con las comunidades son los principales obstáculos. El nuevo procedimiento de estudio de franjas debiese disminuir estos plazos.

Hace unas semanas, la empresa InterChile oficializó un nuevo retraso en el inicio de operaciones de su línea de transmisión de energía Cardones-Polpaico, posponiendo la fecha al 11 de junio de este año.

El proyecto de 753 kilómetros de extensión y de una inversión de US$ 1.000 millones no ha podido finalizar sus obras por problemas con la comunidad en La Dormida, en Olmué.

Por la demora, el Ministerio de Energía le cobró a la compañía boletas de garantía por más de US$ 2 millones.

En caso de que se cumpla este nuevo plazo, la línea se habrá atrasado 17 meses más de lo previsto.

Sin embargo, su situación no es algo fuera de lo común. Un ejemplo de esto es el de la línea El Rodeo-Chena (220 kV), que une un tramo de 20 km, cuya construcción se alargó 18 meses más de lo presupuestado. El mismo retraso tuvo la línea Nogales-Polpaico (220 kV) de 90 kilómetros de extensión.

Por su parte, el proyecto Charrúa-Cautín (220 kV), de 200 kilómetros de largo, se demoró 19 meses más de lo planeado.

Aunque ninguno supera los 26 meses más de lo previsto que demoró la línea Ancoa-Alto Jahuel (500 kV).

“En Chile los principales centros de consumo están muy lejos de los lugares donde hay recursos”, señala Francisco Aguirre, director de la consultora en materia energética Electroconsultores. Esto, según Aguirre, sería el principal problema.

Las distancias suponen que la infraestructura de las líneas deban emplazarse a lo largo de grandes extensiones de terreno, donde pueden existir muchas propiedades privadas con distintos dueños o lugares que tengan protección ambiental, explica el exfiscal de la empresa de energía Transelec, Fernando Abara.

Esto significa un gran desafío, donde hay que llevar a cabo complejos procesos de negociación con los propietarios por donde pasa la línea. Además, hay que conseguir una serie de permisos que aprueben la construcción de las obras, algo que puede demorar años.

Abara agrega que la institucionalidad ambiental que se ha desarrollado en el último tiempo, más que facilitar los procesos los ha complicado. “Muchas veces se produce una incertidumbre jurídica, porque cuando ya tienes el permiso ambiental, se siguen interponiendo acciones legales, se siguen revisando cosas y los jueces tienen facultades de paralizar las obras”, manifiesta.

Otro factor importante es el rechazo de las comunidades. Un descontento que se ha potenciado en los últimos años y que es difícil de evitar, sostiene Francisco Aguirre.

“Es algo que ya está instalado en la sociedad. Una solución es que las empresas hagan un mayor trabajo con las comunidades de manera temprana”, dice Rodrigo Jiménez, gerente general de Systep, consultora del sector energético.

Estudios de franjas
La nueva Ley de Transmisión Eléctrica promulgada en 2016 estableció una nueva forma para definir el trazado de las líneas denominado estudio de franjas. Este consiste en que el Ministerio de Energía se preocupa de realizar esta tarea, que luego es licitada a una empresa.

“Estos estudios cuentan con distintas instancias de participación temprana para identificar los puntos críticos. Si bien no eliminan por completo los riesgos, sí los reducen”, explican desde el Ministerio de Energía. Así las empresas localizan desde un principio los lugares más conflictivos.

Rodrigo Jiménez dice que los estudios de franja pueden agilizar los plazos y que se deben hacer con profundidad para darles la certeza a los proyectos de que a futuro no se van a encontrar con grandes problemas.

Por su parte, Fernando Abara advierte que “como las franjas se publicitan con mucha anticipación, puede haber especulación inmobiliaria”.

Fuente: El Mercurio